Una nueva denuncia ha sido presentada contra tres magistrados, en esta ocasión dirigida a los miembros del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial (AP) de Córdoba: Felipe Luis Moreno Gómez, Cristina Mir Ruza y María Paz Ruíz del Campo. Se les acusa de un presunto delito de prevaricación.
Según la información proporcionada, los tres magistrados habrían ignorado de forma deliberada y dolosa la sentencia emitida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso relacionado con el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), así como otras sentencias previas.
La acusación se basa en el artículo 446 del Código Penal, con referencia subsidiaria a los artículos 447 y 448 del mismo código, siguiendo las disposiciones de los artículos 277 y concordantes de dicha ley.
Esta constituye la cuarta denuncia presentada contra magistrados de tribunales colegiados. Casos anteriores involucraron a miembros de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, así como a los magistrados de las Secciones 13 y 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En todos los casos, la argumentación se fundamenta en la supuesta negligencia deliberada de la jurisprudencia europea obligatoria sobre el IRPH establecida por el TJUE. A pesar de estar al tanto de dichas sentencias, se les reprocha no haber cumplido con la obligación de analizar la transparencia y posible abusividad, considerando la mala fe en cada caso específico, según lo estipulado por la jurisprudencia del TJUE.
Se destaca que la jurisprudencia del TJUE es vinculante para todos los tribunales en España y la Unión Europea, abarcando desde jueces de primera instancia hasta el Tribunal Constitucional. Se argumenta que el tribunal de la Audiencia Provincial de Córdoba, al no emitir sentencias de acuerdo con la legislación y jurisprudencia del TJUE, habría ignorado requisitos fundamentales establecidos en la sentencia del TJUE del 13 de julio de 2013 relacionada con la cláusula IRPH.
Se subraya que la Audiencia Provincial de Córdoba, al incumplir su deber de emitir sentencias conforme a la legislación y jurisprudencia del TJUE, podría incurrir en un delito de prevaricación según lo establecido en el artículo 4 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se espera que la denuncia avance, se determinen las responsabilidades penales de los magistrados y que la justicia española respete y aplique la jurisprudencia del TJUE, garantizando así los derechos de todos los ciudadanos europeos de manera equitativa.
