El Gobierno ha aprovechado el anteproyecto de ley de la futura Autoridad de Defensa del Cliente financiero para imponer a la banca, gestoras, empresas de servicios de inversión y aseguradoras la prestación «personalizada» de servicios a la clientela. El texto especifica que deberá prestarla a través de canales presenciales, «ya sea permanentes o intermitentes, o telefónicos o telemáticos», pero instando a tener en consideración la capacitación de los usuarios para su uso.

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